Legislación frente al negacionismo del Holocausto

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Sobre la versión oficial del Holocausto en Europa o el 11S en EEUU, existen leyes que prohíben su cuestionamiento. Al margen del suceso histórico en sí, ¿Es legítimo legislar sobre un suceso histórico? ¿Entra esta circunstancia en contraposición con la ciencia histórica? 

Esta es una duda muy extendida y conviene explicar la situación del historiador frente a la legislación; En muchos países, sobre todo europeos, el negacionismo en relación al Holocausto y a otros genocidios se considera una ofensa criminal. El Consejo de Europa lo define como “la negación, trivialización, justificación o aprobación en público de crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad”.

Legislación internacional

Un protocolo adicional a la Convención sobre el Cibercrimen del Consejo de Europa cubre específicamente la negación del Holocausto y de otros genocidios reconocidos como tales por tribunales internacionales desde 1945 (artículo 6, sección 1).

“Para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar” – Voltaire.

Legislaciones nacionales

En varios países se han promulgado leyes relacionadas con el negacionismo y la expresión de odio (bajo el cual se incluye el negacionismo) como la Loi Gayssot (aprobada en Francia, en 1990), que prohíbe toda expresión “racista, antisemita o xenófoba” y que contempla al menos tres años de cárcel a los negacionistas o personas que expresan dudas sobre el exterminio judío. En 1992, Austria promulgó una ley similar que contempla hasta diez años de cárcel para estas personas (artículo 3h Verbotsgesetz, 1947). La «Ley belga sobre Negacionismo» (aprobada en 1995) prohíbe el apoyo, justificación o negación pública del Holocausto en Bélgica. En Alemania está penalizada la negación o dudas del Holocausto en público según el artículo 130, párrafo 3 (§ 130 Abs. 3) del código penal alemán (Strafgesetzbuch) y se considera como “incitación al odio” (Volksverhetzung). Otros países que tipifican esta conducta como delito en su ordenamiento jurídico son: Suiza (artículo 261bis del Código Penal), Eslovaquia, República Checa, Lituania, Polonia, Canadá, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rumania y Sudáfrica. Además, bajo la Ley 5710-1950 es también ilegal en Israel.

No sucede lo mismo en Estados Unidos, donde tiene su sede el denominado Institute for Historical Review (Instituto para la Revisión Histórica), considerado la principal organización negacionista del mundo. Estados Unidos considera que disposiciones como la del Consejo de Europa no son compatibles con su ordenamiento constitucional, por lo que no firmó el protocolo.

Entre los cargos comúnmente imputados a los negacionistas que son procesados ante los tribunales, se destacan: ridiculización u ofensa a las víctimas del Holocausto, difamación de la memoria de los muertos, incitación popular, instigación al odio racial, negación del asesinato de seis millones de judíos, negación del exterminio judío (negacionismo del Holocausto), publicación de falsas noticias, antisemitismo, apología del nazismo y apoyo o complicidad indirecta del genocidio. Uno de los casos más conocidos de procesamiento legal, además del de Ernst Zündel, fue el de David Irving, quien fue condenado a tres años de prisión el 20 de febrero de 2006 por haber negado abiertamente el Holocausto en 1989.35​

Los negadores del Holocausto se defienden arguyendo que sus opiniones y obras están protegidas por los tratados europeos sobre libertad de expresión, o como por ejemplo por el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que la existencia de estas leyes en su contra, confirmaría una censura deliberada sobre el tema, y opinan que si ellos estuvieran equivocados en sus opiniones, no habría razón para que tales leyes existieran.

Naciones Unidas lo considera un tema capital y lo pone por encima, en la famosa Carta de los Derechos Humanos, sobre cualquier otro derecho individual de las personas:

“Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”  DDHH, art. 29 aprt. 3. 

Algunas personalidades que no niegan el Holocausto defienden el derecho de los negacionistas a difundir sus ideas, como el caso de Noam Chomsky, que se opone a las leyes anti-negacionistas (véase caso Faurisson) en defensa de la libertad de expresión, o Deborah Lipstadt, quien a pesar de su agrio historial con Irving se ha pronunciado contra de la decisión del tribunal austríaco. “Me siento incómoda con que se encarcele a las personas por su discurso. Que le dejen marchar y desvanecerse de todas las pantallas de radar.

En noviembre de 2007 el Tribunal Constitucional de España declaró en una sentencia que castigar la difusión de ideas o doctrinas que cuestionen o nieguen el genocidio supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión. La resolución avala la constitucionalidad del artículo 607. del Código Penal, que castiga la difusión “por cualquier medio” de ideas o doctrinas que justifiquen el genocidio, pero declara nula la referencia a la difusión de argumentos que cuestionen o nieguen esos hechos, e inconstitucional su sanción penal.

En julio de 2015 el Parlamento español, con los votos a favor del PP y UPN, aprobó una reforma del código penal que, entre otros delitos, persigue expresamente a los negacionistas del Holocausto. Los artículos 510, 510-bis, 511, 512, 515 y 607 del código penal castigan la incitación al odio, violencia y discriminación por motivos étnicos, religiosos, minusvalía, orientación sexual, etc., y la negación o enaltecimiento de delitos de genocidio o sus autores.

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